Al inicio de febrero de 2013, el Vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, anunció la creación de un nuevo HLG sobre las KETs cuya primera reunión se celebró el pasado 27 de febrero de 2013 en Bruselas.
De acuerdo a la definición de la Comisión Europea, se han identificado un total de 6 tecnologías facilitadoras clave que servirán para desarrollar y comercializar los productos y servicios del futuro. Estas seis tecnologías clave que revolucionarán cómo entendemos la tecnología en el futuro son: la nanotecnología, la micro y nano-electrónica, los materiales avanzados, la biotecnología, la fotónica y los sistemas de fabricación avanzados. Esta última tecnología (la fabricación avanzada) se considera de carácter transversal y contribuirá a que las otras cinco tengan una visualización efectiva en el mercado.
Los objetivos de este HLG se resume en los siguientes puntos: (1) Discutir y aconsejar a la Comisión Europea en cualquier aspecto o decisión de carácter político que afecte a las KETs; (2) Seguir la implementación de la Estrategia Europea de las Tecnologías Facilitadoras Clave adoptadas por la Comisión Europea el 26 de Junio de 2012; y (3) Promover el desarrollos de las políticas de las KETs en los estados miembro.
Con un total de 35 miembros, el HLG está compuesto por los correspondientes miembros oficiales y sus correspondientes “sherpas”. Estos miembros los nombra la Comisión Europea a partir de actores relevantes de la cadena de valor de las KETs. En este HLG están representadas las siguientes organizaciones: (a) representantes tecnológicos de las seis KET y de las multi-KETs (ya que la mayor parte de los productos innovadores son combinación de varias de las KETs; (b) usuarios industriales, ya que la Estrategia de las KETs se basa en el lanzamiento de productos basados en las KETs; (c) representantes de sectores usuarios de multi-KETs y representantes de la sociedad civil, el Banco Europeo de Inversiones, la Comunidad Investigadora, las Comunidades de Pequeñas y Medianas empresas, así como otros actores relevantes de la sociedad civil (tales como asociaciones sindicales, ONGs medioambientales, movimientos que impliquen autoridades regionales y locales); y (d) los consorcios Público-Privados relevantes.
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